La seguridad de la aviación civil, también llamada AVSEC, es la aplicación de las medidas preventivas y reactivas para proteger a la aviación civil contra actos de interferencia ilícita. Los lineamientos para la protección de la aviación civil contra estos actos están contenidos en el Anexo 17 de la OACI y en el Documento 8973-Manual de Seguridad de la Aviación-. El anexo 17 contiene los métodos recomendados a los Estados firmantes del Convenio de Chicago para proteger a las aeronaves y sus ocupantes así como a las instalaciones aeroportuarias que operan dentro de cada país. 

En México desde los años 60s del siglo XX se implementaron medidas principalmente para evitar la introducción de objetos prohibidos a las aeronaves con el fin de protegerlas de posibles secuestros, los cuales eran bastante frecuentes entre los años 1960 y 1980. Estos secuestros eran perpetrados en su mayoría por motivaciones políticas relacionadas con Cuba o la Unión Soviética. México no estuvo exento de sufrir un secuestro de este tipo ya que el 8 de noviembre de 1972 el vuelo 705 de Mexicana de Aviación con ruta Monterrey-México fue objeto de un secuestro realizado por miembros de la entonces “Liga de Comunistas Armados”. 

Los secuestradores tomaron el control del avión en tierra una vez que todos los pasajeros estaban a bordo y demandaron la liberación de varios de sus compañeros presos por el gobierno mexicano. Tras la liberación de los presos estos fueron entregados al avión en el aeropuerto y el avión despegó de Monterrey con destino a La Habana, Cuba. Al llegar los miembros de este grupo a Cuba y bajar del avión para pedir asilo, el avión despegó con rumbo a Ciudad de México sin ningún pasajero o tripulante lesionado.

Antes de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, la seguridad de la aviación civil se centraba en evitar estos secuestros revisando con medidas básicas a los pasajeros antes de abordar las aeronaves. Posterior a estos atentados las medidas de control aumentaron considerablemente y se hizo una revisión general al Anexo 17 y las leyes de cada país. 

En México las autoridades federales son las encargadas de proteger a la aviación civil contra actos de interferencia ilícita. La Guardia Nacional es la autoridad policiaca responsable mientras que la Fiscalía General de la República es quien se encarga de investigar y perseguir a los que realicen estos actos dentro del territorio nacional.

Para mantener un estándar en todos los aeropuertos del país, se creó un Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil que a su vez elaboró un Plan Nacional de Seguridad Aeroportuaria, el cual contiene todos los lineamientos que deben seguir los aeropuertos a nivel nacional para proteger a la aviación civil de acuerdo a los métodos recomendados en el Anexo 17 de la OACI. Los lineamientos de este Plan Nacional deben estar plasmados en los planes locales de seguridad de cada aeropuerto. 

Cada operador aeroportuario es el encargado de conformar un Comité Local de Seguridad encargado de ejecutar su Plan Local de Seguridad y para ello puede hacer uso de empresas de seguridad privada que cumplan con las certificaciones AVSEC otorgadas por la AFAC. 

En Estados Unidos la Transportation Security Administration (TSA) es la entidad federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional DHS encargada de implementar las medidas de protección a la aviación contra actos de interferencia ilícita. Todos los aeropuertos de nivel comercial en ese país tienen a personal de la TSA asignado a sus instalaciones y son los encargados de implementar los controles de acceso a las áreas restringidas y estériles tanto de pasajeros, empleados y tripulaciones. A diferencia de México, en Estados Unidos las policías locales son las encargadas de los demás temas de seguridad pública en los aeropuertos tanto en áreas públicas como restringidas. 

Para que el acceso de las tripulaciones a las áreas restringidas sea eficiente, la TSA junto con ALPA y A4A (Airlines for America) han desarrollado un programa llamado KCM (Known Crewmember) el cual consiste en la operación de una base de datos actualizada de los pilotos y sobrecargos que trabajan en las aerolíneas estadounidenses y le permite a la TSA identificar de forma confiable a cada tripulante al momento de su ingreso a las áreas restringidas lo que permite aplicar una exención a su revisión, permitiéndoles el paso directo y sin demoras al considerarlos como personal de alta confiabilidad.